Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).– El Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo ayer –a cinco días de las manifestaciones del 2 de octubre– que su administración “actuará con firmeza en contra de quienes vulneraron la ley” durante la marcha conmemorativa por la matanza de Tlaltelolco en 1968, “independientemente si se trata de policías o civiles”.
Prometió que su actuación será “con toda firmeza contra los elementos policiacos que con el pretexto del cuidado de la ciudadanía o en el ejercicio de sus funciones hayan rebasado, vulnerado la ley y los derechos humanos”.
Por primera vez Mancera reconoció violaciones a los derechos humanos durante un operativo policiaco de su administración y también, por primera vez, habló de policías vestidos de civil, como han denunciado distintas organizaciones de derechos humanos desde hace varias semanas.
El mandatario capitalino advirtió que el gobierno local será garante de las libertades de los ciudadanos y se aplicará la ley en contra de cualquier exceso cometido.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, comentó que aunque él ordenó que no los elementos de seguridad no usan toletes y gas pimienta durante la protesta, policías los usaron sin su consentimiento.
Dijo que los policías vestidos de civil que actuaron durante los arrestos –lo cual está prohibido por las leyes mexicanas– fueron de otra corporación, que no identificó.
“La orden que un servidor dio fue la de no utilizar toletes, ni gases, consecuentemente nosotros estaremos verificando y checando si hubo alguien que lo realizó, entonces haremos las sanciones correspondientes”, afirmó.
Rodríguez Almeida también negó que la dependencia a su cargo cuente con tanquetas para disuadir manifestaciones –como las que se presentaron en el desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el pasado 13 de septiembre– y que no existe la intención de adquirir u operar este tipo de maquinaria.
CONSIGNAN A ONCE
Ayer, el juzgado 19 Penal de Delitos no Graves dictó auto de formal prisión contra nueve de los detenidos durante los disturbios el pasado 2 de octubre. Marcela Ángeles Arrieta, titular del juzgado, giró el auto de formal prisión contra Erick Leonel Aguilar Ruiz, Carlos Hoshi Barquín Peña, Aztlalli Cabrera Prado y Christián Antonio Carmona Emmert, César Uriel Cruz Elías, Mario Alberto Malacara García, Hugo Guillermo Mejía Ventura, Irene Pérez Villegas y José Luis Ramírez Alcántara acusados por ataques a la paz pública.
La fianza para enfrentar su proceso en libertad se fijó en 130 mil pesos, sin embargo, hasta la tarde de ayer ninguno había presentado ante el juez el pago.
En el Juzgado se abrió un proceso sumario contra los consignados, en el que tienen tres días para apelar el auto de formal prisión y tres días para ofrecer pruebas a su favor.
También se dictó el auto de formal en contra de Alejandro Bautista Peña, por los delitos de ataques a la paz pública en pandilla y ultrajes a la autoridad. Tampoco alcanza el beneficio bajo fianza.
El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal informó que el juez 32 de lo penal, Jesús Ubaldo López, dictó auto de formal prisión a Andrés Pérez Rosales por los delitos de robo agravado calificado en pandilla y ataques a la paz pública calificado. Con ello, no alcanza el beneficio de la libertad bajo fianza.
El juez determinó que Pérez Rosales, quien se encuentra en el reclusorio Sur, tiene 3 días para apelar el auto de formal prisión y para presentar pruebas.
El Juez 40 Penal del Reclusorio Norte, Jorge Martínez Arreguín, tiene a su disposición a otros ocho detenidos, de quienes definirá su situación legal hasta el próximo jueves, pues sus abogados solicitaron la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas.
DENUNCIAS DE ORGANIZACIONES
Un día después de las manifestaciones, Artículo 19 denunció a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y al gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera Espinosa por la ineficacia y carencia de protocolos de los cuerpos policiacos de la Ciudad de México, y los excesos que cometieron no sólo contra los grupos anarquistas, sino principalmente contra los ciudadanos y periodistas.
El organismo defensor del derecho a la información y la libertad de expresión expuso que los actos violentos suscitados ayer entre los cuerpos policiacos y grupos anarquistas, durante la marcha en la Ciudad de México con motivo del 45 aniversario de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre, fueron “indignantes”.
En la conferencia de prensa denominada “Agresiones a Defensores de Derechos Humanos del Centro Prodh durante la marcha del 2 de octubre de 2013″, Dario Ramírez, Director de Artículo 19 en México, mostró su inconformidad por el actuar de las autoridades del Distrito Federal hacia los medios de información, ciudadanos y los mismos grupos anarquistas.
“Es indignante ver a nuestra policía lanzar piedras en contra de los manifestantes. Vimos a una policía poco profesional, ausente de protocolos”, destacó Ramírez.
Un día antes, organizaciones civiles denunciaron y documentaron que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal cometió excesos e incluso utilizó de manera ilegal a policías vestidos de civil para infiltrar, someter y arrestar a manifestantes. También acusaron a la dependencia de utilizar métodos extremos sin cumplir con protocolos internacionales que se usan para estos casos.
Agnieska Raczynska, secretaría ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dijo a Mancera que “la protesta social es la expresión del descontento ciudadano ante decisiones autoritarias. Tenemos derecho a saber quiénes son las personas que están quebrantando el derecho a defender y documentar”.
El día siguiente, el Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés, justificó el uso de la fuerza pública durante las movilizaciones de ayer, para “mantener la gobernabilidad” de la ciudad.
Los manifestantes violentos usaron gas lacrimógeno, petardos, piedras, palos, botellas y bombas molotov contra los agentes. Dos de ellos resultaron quemados, de acuerdo con el reporte.
Sin embargo, según constataron diversas organizaciones civiles, la policía también recurrió a prácticas poco ortodoxas. Un grupo de policías vestidos de civiles se infiltraron en la marcha y realizaron detenciones de manera arbitraria. Hay reportes y fotografías de golpeados durante los traslados.
